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Comisión de juristas de Israel confirma que los asentamientos son legales
Una comisión de destacados juristas recomendó al primer ministro, Biniamín Netanyahu, legalizar todos los enclaves no autorizados en el territorio Cisjordania porque los asentamientos son todos legales de acuerdo al derecho internacional.
La comisión, encabezada por el ex juez de la Corte Suprema Edmond Levy, y de la que forman parte otros expertos en derecho internacional, asegura en un informe que entregaron al primer ministro que Israel no es potencia ocupante, dado que ningún estado ejerció su soberanía en ese territorio, ni siquiera Jordania que lo gobernó entre 1948 y 1967.
Netanyahu ordenó en enero la formación de la comisión para analizar los aspectos legales de decenas de enclaves que los colonos levantaron en el territorio reclamado por los palestinos sin la correspondiente autorización de sucesivos gobiernos, y que en algunos casos la Corte Suprema ha ordenado evacuar.
El último caso fue el de Ulpaná, construido en tierras privadas palestinas y desalojado a finales del pasado junio.
Según Levy, que como juez nunca se inclinó en sus fallos por refrendar la legalidad de los asentamientos, la presencia judía en Judea y Samaria, nombre bíblico de Cisjordania, no contradice el derecho internacional y el Estado debe asumir la responsabilidad de los residentes que se mudaron allí por iniciativa del gobierno.
Para la comunidad internacional, todos los asentamientos son ilegales, independientemente de que cuenten o no con la autorización de los gobiernos israelíes.
Los »palestinos», que supuestamente aspiran a declarar un estado independiente en Cisjordania y Gaza, con capital en Jerusalén Este, afirman que la colonización es el principal obstáculo a la solución de «dos estados para dos pueblos», solución respaldada por la ONU, las principales potencias y el derecho internacional.
Sin embargo, en la práctica, Gaza ha caído en manos del grupo integrista islámico Hamás, que pregona abiertamente la destrucción del Estado de Israel, y no puede hacerse
de la Cisjordania, simplemente porque las permanentes incursiones del Ejército de Defensa de Israel, y el constante flujo de dinero de los países donantes para la Autoridad Palestina se lo impide.
Por otra parte, Israel tiene grandes sospechas de que el objetivo de los dirigentes »moderados» de la Autoridad Palestina es hacerse de un Estado en la Cisjordania, como trampolín para acabar con el Estado judío, en una segunda etapa. Citan como prueba de ello, la incapacidad de los líderes palestinos para aceptar cualquier compromiso realista con la cuestión de los llamados «refugiados» palestinos.
«La verdad es que me he quedado atónita», dijo al diario Yediot Aharonot la abogada Talia Sasón, que en 2005 redactó un informe en sentido completamente contrario y que se inspiraba precisamente en fallos de Levy y de otros jueces de la Corte durante 45 años.
A diferencia de Sasón, que exhortaba a evacuar todos los enclaves, la comisión recomienda a Netanyahu legalizar la inmensa mayoría de ellos, y facilitar la adquisición de tierras de propiedad »palestina» para que los judíos puedan vivir en Judea y Samaria.
Según Sasón la ilegalidad de los asentamientos en general «no es un asunto de orientación política», porque «en 2005 el Tribunal Internacional de La Haya sentenció que todos los asentamientos israelíes son ilegales».
Estos aspectos, denunció, no están incluidos en el informe del panel.
Las conclusiones, que serán estudiadas próximamente por la Comisión para Asuntos de Colonización, que preside Netanyahu, pueden conducir a un cambio radical en la política del gobierno.
El ministro de Medio Ambiente, Gilad Erdán, pidió al primer ministro definir una política clara que rescinda la amenaza que se cierne sobre miles de familias, en alusión a la población de los enclaves no autorizados.
Erdan, así como otros líderes nacionalistas, también exigió que se obligue a la Fiscalía a que apliquen al pie de la letra las conclusiones de la comisión sobre la colonización, a menudo tratada en los tribunales por demandas presentadas por palestinos afectados y grupos de derechos humanos. EFE y Aurora
PATRIA JUDÍA 