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La Policía comenzó hoy a arrestar a innfiltrados sursudaneses que se encuentran en el país de forma ilegal con la intención de repatriarlos, tras la autorización del en ese sentido de un tribunal de Jerusalén.
Los primeros detenidos han sido ocho refugiados que se encontraban en la ciudad de Eilat, en el sur, y en la zona central del país, según el diario «Haaretz».
Se trata de sursudaneses que llegaron a Israel en los últimos años a través de la península egipcia del Sinaí, y a los que las autoridades concedieron un estatus oficioso de refugiados debido al conflicto entre su país y Sudán.
Como ellos, según el diario, hay otras 3.000 personas a las que Israel dice que puede repatriar porque sus vidas no corren peligro tras la creación del Estado de Sudán del Sur el año pasado.
Las detenciones han comenzado tan sólo tres días después de que el Tribunal de Distrito de Jerusalén refrendara la postura del ministro del Interior, Eli Yishai, que aboga por la expulsión de unos 60 mil indocumentados de origen africano.
La Autoridad de Inmigración ha instado en los últimos días a los emigrantes sursudaneses a que abandonen el país de forma voluntaria.
El Ministerio de Exteriores envió en abril a uno de sus embajadores a Sudán del Sur para estudiar la legalidad de los deportados, es decir, verificar que los refugiados retornados no corren ningún tipo de peligro.
El derecho internacional prohíbe repatriar a una persona a su país de origen si ello conlleva un peligro inmediato.
No obstante, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU resolvió recientemente que el regreso de estos refugiados debe realizarse de forma voluntaria debido a la inestabilidad en ese país a raíz del conflicto que atraviesa con la vecina Sudán.
Israel aplicaba hasta el pasado jueves una política de «protección colectiva» que consistía en un status quo según el cual no se expulsaba a los inmigrantes en situación irregular que pedían el estatus de refugiado, incluso en el caso de que no se les hubiera concedido.
Yishai, que lidera el partido ortodoxo sefardí Shas y el pasado 16 de mayo aseguró que todos los inmigrantes africanos «sin excepción deberían ser encarcelados», aplaudió la decisión judicial con la esperanza de que «sea sólo el primer paso de muchos que nos permitan deportar también a los (indocumentados) de Eritrea y Sudán».
La decisión judicial llegó en un contexto de crecientes incidentes contra los inmigrantes africanos y la validación de una nueva ley que permite a las fuerzas de seguridad arrestar durante tres años a cualquier persona que entre en el país de forma ilegal, y a entre 5 y 15 años a cualquiera que la ayude o la cobije. EFE y Aurora
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