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Los agentes fueron arrestados la noche del pasado miércoles a raíz de una denuncia del Ministerio de Seguridad provincial, que tomó conocimiento del vídeo por medio de la Jefatura de la Policía territorial, explicaron a Efe fuentes de ese despacho.
En las imágenes, de las que la Policía provincial tomó nota a partir de su circulación por internet, se puede ver cómo un grupo de policías interrogan en un patio a dos detenidos, casi desnudos. A uno de los presos le arrojan un cubo de agua y al otro le colocan una bolsa en la cabeza, que le ajustan por el cuello.
Los hechos, registrados en una comisaría de la localidad de General Güemes, a unos 50 kilómetros de la capital provincial, son investigados por el juez Pablo Farah. Los policías, que integran la División Drogas Peligrosas de General Güemes, se negaron a declarar ante el juez del caso, según informaron medios locales.
El ministro de Seguridad de Salta, Eduardo Sylvester, calificó a los efectivos detenidos como «delincuentes» y aseguró que éstos «no representan a la fuerza policial salteña».
«No vamos a tolerar bajo ningún aspecto que integrantes de la fuerza policial comentan estos ilícitos», afirmó Sylvester en declaraciones difundidas hoy por el Gobierno de Salta.
El año pasado se registró un caso similar en la provincia argentina de Mendoza, cuando, gracias a una grabación en vídeo, se revelaron las vejaciones a las que eran sometidos los internos de un penal por parte de los guardias. «Lo que ocurrió en Salta tiene como única particularidad que trascendió y se hizo público. Parece una situación novedosa cuando en realidad es una circunstancia que se denuncia cotidianamente, que es sistemática», dijo hoy a Efe la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Según la experta, en la mayoría de los casos de torturas o malos tratos dentro de comisarías o cárceles es muy difícil probarlo, por lo que los responsables en pocas ocasiones llegan a juicio. De acuerdo a datos de la Correpi, desde la restauración de la democracia en Argentina, en 1983, y hasta noviembre pasado las fuerzas de seguridad han sido responsables de la muerte de 3.408 personas. Y según Verdú, cerca del 40 por ciento de estas muertes se produce por torturas en comisarías, cárceles e institutos para menores que han delinquido.
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